Tradicionalmente, se ha vinculado al derecho penal con delitos comunes o grandes escándalos mediáticos, mientras que el sector asegurador ha sido considerado un ámbito técnico, comercial o financiero. Sin embargo, la experiencia demuestra que los riesgos penales en las compañías de seguros son cada vez más frecuentes y relevantes.
Casos de fraude, simulación de siniestros, estafas con documentación apócrifa, uso indebido de datos, conflictos de interés, e incluso maniobras vinculadas al lavado de activos, forman parte del universo de amenazas que enfrentan a diario aseguradoras, brokers y operadores del sector.
Ante este panorama, las aseguradoras necesitan más que análisis actuariales: requieren políticas sólidas de compliance, controles internos efectivos y un asesoramiento jurídico penal que entienda el negocio y pueda actuar con celeridad cuando se detectan posibles delitos.
El vínculo entre el derecho penal y el mundo asegurador es estratégico. Un enfoque preventivo puede evitar pérdidas millonarias, proteger la reputación institucional y reforzar la confianza del mercado. Desde nuestro estudio acompañamos este tipo de procesos con una mirada integral: legal, operativa y regulatoria.
Por Dr. Mauro Tanos
